El ejercicio que acabamos de estrenar arranca con el ‘tasazo’ que varias comunidades autónomas han fijado para poder registrar los certificados energéticos, ese documento que detalla la eficiencia energética de un inmueble y que es obligatorio desde el pasado 1 de junio de 2013 para que cualquier propietario pueda vender o alquilar su vivienda.
Comunidades como La Rioja, Castilla León o Valencia, en donde hasta hace tan solo unos días el registro era totalmente gratuito, han impuesto el pago de tasas. En La Rioja, por ejemplo, los usuarios deberán abonar casi 38 euros por registrar el certificado, la tasa más elevada de toda España. Hace poco más de una semana, ese trámite era gratuito para los riojanos.
Tampoco se queda atrás Castilla y León,
que frente a la gratuidad de 2013, ha pasado a cobrar 29,10 euros,
mientras que en la Comunidad Valenciana tendrán que abonarse 10 euros
para poder registrar los certificados. En otras
comunidades como Baleares o Murcia, donde sí se cobraba una tasa por
este trámite, se producirán incrementos de las mismas.
Certicalia.com, empresa encargada de poner en contacto a los técnicos
certificadores con los clientes, ha constatado que en la comunidad
murciana, el incremento ha sido de 7,57 euros a 23. Precio que ha sido
confirmado por la Dirección General de Industria a El Confidencial.
En Baleares, el incremento se producirá a finales de mes y todavía se
desconoce el importe exacto. A día de hoy se cobra una tasa de 4,78
euros. En Asturias también está previsto el pago de una tasa pero
todavía no se ha fijado la cuantía.
Más de 20 euros -en concreto
22,45 euros- cuesta realizar el registro en Extremadura, mientras que en
comunidades como Castilla La Mancha, se cobran tres euros, 5 en
Galicia. Por el contrario, registrar el certificado energético es
gratuito -al menos por el momento- en la Comunidad de Madrid -aunque estuvieron a punto de instaurar un 'tasazo' de 40 euros-,
Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco. En
Aragón, Ceuta y Melilla, ni siquiera se ha creado todavía el registro.
En la web de Certicalia.com pueden consultarse las tarifas que aplica cada comunidad así como los pasos a seguir para realizar el registro,
la documentación a presentar y otra información de interés. Sobre la
imposición de tasas, la prefiere "no entrar a valorar si debería ser o
no gratuito, pero sí sería deseable una estabilidad. La diferencia de
tasas y fórmulas de registro entre las distintas comunidades crea
desconfianza en los propietarios. Además, la falta de información y
estos cambios y diferencias no facilitan que los propietarios cumplan
con la normativa", añaden.
Conviene recordar que estas tasas -que
el ciudadano de a pie podría interpretar como un nuevo impuesto con
afán recaudatorio por parte de las Comunidades Autónomas-, nada tienen
que ver con el dinero que los particulares deben abonar a los profesionales encargados de emitir estos certificados. Es decir, su importe no está incluido en los honorarios del técnico.
Unos
honorarios, por otra parte, que varían mucho según los profesionales
-el Decreto Ley no ha fijado una franja de honorarios excepto para la
certificación de edificios públicos- lo que ha producido un auténtico mercadeo
con la certificación energética que va desde cupones descuento hasta la
puja a la baja por los precios entre algunos arquitectos. No
obstante, según las cifras que maneja Certicalia.com sitúa los
honorarios en torno a los 200 euros para pisos y 440 para viviendas
unifamiliares.
¿Por qué esta disparidad de precios?
En España, desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio el certificado energético para poder anunciar la venta o alquiler de un inmueble. Así lo contempla el Real Decreto 235/2013 que dispone que son los órganos competentes en certificación energética de cada
Comunidad Autónoma los responsables del registro y de sus labores de
inspección y control técnico y administrativo de los certificados.
Asimismo, corresponde a cada comunidad fijar las tasas a cobrar por
dicho registro.
"El Gobierno ha llegado tarde y con prisas en el tema de la
certificación", lamenta Pilar Pereda, secretaria general del Colegio de
Arquitectos de Madrid (COAM). De hecho, las Comunidades Autónomas apenas
tuvieron tres meses habilitar dichos registros.
Algunas de ellas como Aragón, desde donde insisten en que "o lo hacemos
bien o no lo hacemos", todavía no cuentan con él. Tampoco en Ceuta ni en
Melilla.
"En junio del año pasado, muchas comunidades no estaban
preparadas y se adaptaron como pudieron a la situación. Entonces ya en
muchos registros nos advirtieron que el cobro de tasas podría cambiar",
apuntan desde Certicalia.com.
Además de la disparidad de tasas,
también hay diferencias a la hora de realizar el registro. Algunas
comunidades permiten solamente el registro presencial o telemático, y
otras dan ambas opciones.
El Gobierno ha pasado la ‘patata caliente’ de la certificación energética a las comunidades a quienes también también corresponde formar el equipo técnico y sancionador encargado del control técnico y administrativo de las certificaciones y
el cumplimiento de la normativa, es decir, de aplicar las sanciones
correspondientes. No obstante, desde algunas comunidades autónomas
reconocen que la falta de medios, tanto humanos como económicos, impide
que se pueda realizar ese control.
Para muestra un botón. Desde
junio de 2013, solamente se ha impuesto una sanción a un técnico en toda
España. Ha sido la Comunidad de Madrid que, tal y como adelantó El Mundo,
multó con 4.000 euros a un técnico por falsear datos en la emisión de
su informe energético. El inmueble en cuestión obtuvo una letra A, pero
tras las comprobaciones pertienetes de la Dirección General de Industria
de la Comunidad de Madrid, resultó ser una vivienda de clase C
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